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Libro del Edificio-3

Viene regulado por el decreto 25/2011 de la Generalitat Valenciana y tiene como objetivo documentar el edificio y dar pautas para su uso, actividad y mantenimiento.
Es documentación básica de la vivienda, responsabiliza a propietarios y usuarios en cuanto al mantenimiento y es necesario para poder acometer cualquier rehabilitación.
Durante la vida útil del edificio, los usuarios deberán aprobar anualmente las operaciones de mantenimiento y registrarlas en el mismo, mediante la incorporación de las inspecciones técnicas efectuadas.
Es inscribible en el registro de la propiedad.
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Libro del Edificio

Viene regulado por el decreto 25/2011 de la Generalitat Valenciana y tiene como objetivo documentar el edificio y dar pautas para su uso, actividad y mantenimiento.
Es documentación básica de la vivienda, responsabiliza a propietarios y usuarios en cuanto al mantenimiento y es necesario para poder acometer cualquier rehabilitación.
Durante la vida útil del edificio, los usuarios deberán aprobar anualmente las operaciones de mantenimiento y registrarlas en el mismo, mediante la incorporación de las inspecciones técnicas efectuadas.
Es inscribible en el registro de la propiedad.
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El certificado de eficiencia energética

LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  EN LOS EDIFICIOS  DE VIVENDAS, viene regulada por el Real Decreto 235/2013 que precisa que los propietarios de edificios y viviendas están obligados a certificar y registrar la eficiencia energética de los mismos y obtener la correspondiente etiqueta energética.
No se podrá efectuar contrato de arrendamiento ni escritura de compra-venta sin disponer de dicho certificado y tampoco se podrá anunciar por ningun medio ni la venta ni el arrendamiento de vivienda alguna. 
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IEE - Informe de Evaluación del Edificio

IEEEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIO (IEE), es obligatorio y será exigible para viviendas colectivas (fincas) de edad superior a 50 años. Éstas deberán efectuarlo en el plazo máximo de 5 años desde que cumplieran dicha edad, salvo que la comunidad autónoma o el Ayuntamiento exijan un plazo menor.
Es imprescindible para solicitar cualquier ayuda pública y tiene una validez de 10 años, su incumplimiento es equivalente a una infracción urbanística con condena de multas entre 300 y 1.500.000 €
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